Renovación Popular busca revertir decisión del JNE que impide a alcaldes volver al cargo tras elecciones
Renovación Popular presentó este martes 10 de noviembre un recurso de reconsideración ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pedir que se deje sin efecto la decisión que impide a los alcaldes elegidos para el periodo 2023-2026 volver a asumir el mismo cargo entre 2027 y 2030, pese a haber participado en las recientes elecciones como candidatos a primeros regidores, una modalidad conocida como “reelección encubierta”.
El recurso fue presentado por el personero legal de la agrupación, Fernando Sandoval Ruiz, y lleva también la firma de Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Lima Metropolitana en las Elecciones Municipales del pasado 4 de octubre.
En el documento, Renovación Popular plantea dos pedidos principales. En primer lugar, solicita que el Pleno del JNE declare fundada la reconsideración y revoque el criterio que impide a los alcaldes asumir nuevamente el cargo a través de su elección como primeros regidores. En caso de que esta solicitud sea rechazada, la agrupación pide de manera subsidiaria que la decisión no se aplique a los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, sino solo a procesos electorales posteriores.
Renovación Popular argumenta que el JNE modificó las reglas de interpretación de la prohibición constitucional de reelección inmediata después de que la ciudadanía ya había votado. Según la agrupación, esta interpretación afecta los principios de seguridad jurídica, predictibilidad y confianza legítima, ya que los candidatos participaron bajo condiciones que, a su juicio, no incluían este impedimento. La organización sostiene que el artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes, pero no establece expresamente que una persona elegida como regidor quede impedida de asumir la alcaldía mediante las reglas de sucesión. Por ello, considera que aplicar este criterio en la etapa de proclamación de resultados, cuando el proceso electoral de 2026 ya estaba avanzado e incluso había concluido su jornada de votación, implica una restricción retroactiva que vulnera los principios de irretroactividad y seguridad jurídica. El partido pidió además que el recurso sea admitido a trámite, que se convoque a una audiencia y que se le conceda el uso de la palabra para presentar un informe oral.