Editorial de Gestión: Odiosas comparaciones
La estabilidad de los indicadores macroeconómicos en Perú es, en gran parte, el resultado del manejo responsable y prudente de la política económica que los sucesivos gobiernos han mantenido durante más de tres décadas, aunque con algunos baches coyunturales. En el ámbito de la política monetaria, a cargo del Banco Central de Reserva (BCR), dos factores adicionales explican su eficacia: la autonomía constitucional de la entidad y la continuidad de su presidente, Julio Velarde, quien asumió el cargo en 2006 y fue ratificado por gobiernos de distintas orientaciones políticas, con aprobación del Congreso, hasta el año 2031.
En materia de política fiscal, gestionada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y más expuesta a presiones de gasto, la mayoría de sus titulares ha priorizado la disciplina presupuestal. Sin embargo, desde 2021 la interferencia del Congreso generó un significativo impacto negativo en las cuentas públicas, tanto presente como futuro, mediante leyes que elevaron el gasto corriente. El actual Congreso ya no podrá aprobar este tipo de iniciativas con la misma facilidad, luego de que el Tribunal Constitucional recordara que la Constitución no otorga a los legisladores iniciativa de gasto.
En comparación con otros países de la región, Perú exhibe una de las inflaciones más bajas del mundo, elevadas reservas internacionales que lo protegen de eventuales crisis financieras, un crecimiento del PBI superior al promedio latinoamericano y una deuda pública inferior al 30% del PBI. No obstante, surge la pregunta de si estos buenos resultados macroeconómicos se traducen en una mejora efectiva de las condiciones de vida de la población.
Aunque se resalta el avance macroeconómico, existe un silencio casi absoluto respecto de otros indicadores, especialmente los sociales. Decenas de miles de peruanos, en particular jóvenes, han emigrado en busca de mejores oportunidades. Tampoco figura entre las prioridades del Gobierno ni del Congreso revertir la contrarreforma universitaria, ni se menciona el progreso en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, a los que el país se comprometió para 2030. En derechos civiles, además, persiste la preocupación por posibles retrocesos o medidas que no aborden los problemas estructurales. El crecimiento económico, en definitiva, no equivale necesariamente a desarrollo socioeconómico.