MEF establece lineamientos para actualización y determinación de forma de pago de bonos de la deuda agraria
Los bonistas de la Deuda Agraria que ya habían culminado sus procedimientos administrativos podrán solicitar una nueva actualización de sus acreencias. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los lineamientos que permitirán aplicar la metodología vigente desde el 15 de julio de 2026 a los casos cuyos trámites concluyeron antes de esa fecha. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 508-2026-EF/52, publicada el 8 de noviembre de 2026.
La disposición establece los criterios y el procedimiento para que los bonistas legítimos de estos títulos soliciten tanto la actualización de sus acreencias como la determinación de la forma de pago, conforme al nuevo esquema aprobado por el Decreto Supremo N.º 135-2026-EF. De esta manera, el MEF incorpora un mecanismo complementario para atender a quienes ya contaban con resoluciones directorales firmes bajo el marco normativo anterior y desean que el valor de sus bonos sea revisado con la metodología más reciente.
Esta resolución responde a la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N.º 135-2026-EF, que encargó al ministerio aprobar las disposiciones necesarias para atender los procedimientos que habían concluido antes de la entrada en vigencia de la nueva metodología.
Los Bonos de la Deuda Agraria se originaron en las obligaciones derivadas de la Ley de Reforma Agraria, establecida mediante el Decreto Ley N.º 17716. Inicialmente, el Gobierno reguló su registro, actualización y pago a través del Decreto Supremo N.º 017-2014-EF, en cumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional. Posteriormente, el Decreto Supremo N.º 242-2017-EF consolidó las modificaciones y aprobó el Texto Único Actualizado (TUA). Este año, el Decreto Supremo N.º 135-2026-EF modificó el marco normativo en atención a la Sentencia 11/2026 del Tribunal Constitucional, correspondiente al Expediente N.º 01350-2024-PA/TC. La norma introdujo una nueva metodología de actualización, modificó disposiciones sobre la finalidad del procedimiento, las modalidades de pago, el inicio del trámite y actualizó los formatos C y D. El decreto supremo entró en vigencia el 15 de julio de 2026.