Legítima defensa y penas para quienes presten cuentas a extorsionadores: los detalles de los nuevos decretos legislativos

El Ejecutivo promulgó dos nuevos decretos legislativos que modifican el Código Penal. El primero redefine los alcances de la legítima defensa, mientras que el segundo establece que quien facilite su cuenta bancaria o billetera digital a un extorsionador recibirá la misma pena que este, es decir, entre 10 y 15 años de cárcel. Ambas normas fueron publicadas el domingo en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

El Decreto Legislativo N.° 1743, sobre legítima defensa, lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori; del jefe del Gabinete, Luis Galarreta; y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. El Decreto Legislativo N.° 1744 cuenta con las rúbricas de las mismas autoridades y, además, del ministro del Interior, César Astudillo. Ambos forman parte del paquete de normas que el gobierno de Fujimori ha venido promulgando al amparo de las facultades legislativas delegadas por el Congreso por un plazo de 90 días. Según el ministro Álvarez, estas iniciativas buscan priorizar la protección de la ciudadanía frente a los delincuentes.

El Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el artículo 20, inciso 3, del Código Penal e incorpora una presunción de racionalidad a favor de quien ejerce la legítima defensa. Señala que se presume que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de modo racional frente a la agresión, correspondiendo al Ministerio Público demostrar lo contrario. Además, indica que la racionalidad del medio empleado debe valorarse desde la perspectiva de quien se defiende y según las circunstancias existentes al momento de la agresión. Toda resolución judicial que descarte esa presunción requerirá motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.

El Decreto Legislativo N.° 1744, por su parte, añade un numeral 3 al artículo 200 del Código Penal, referido al delito de extorsión. De esta forma, la misma pena de 10 a 15 años de prisión que recibe el extorsionador se aplicará a quien, con conocimiento de su finalidad delictiva o debiendo presumirla, proporcione, ceda o preste cuentas bancarias, billeteras digitales u otros servicios financieros para recibir o canalizar el dinero exigido en la extorsión. Antes de esta norma no existía una disposición específica que equiparara ambas conductas, por lo que los casos se evaluaban según las reglas generales de autoría y participación. El cambio busca desincentivar el uso de estas herramientas financieras en delitos de extorsión.