Caso Jackson Mora: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra exesposo de Tilsa Lozano y ocho implicados más
La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla solicitó al Poder Judicial que dicté 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, y contra otros ocho investigados, por integrar presuntamente una red criminal que vulneró los sistemas informáticos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, de Chincha, para ejecutar transferencias ilícitas de fondos estatales. El requerimiento fiscal, presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Este, acusa a los implicados de la presunta comisión de los delitos de fraude informático y banda criminal. Además de Mora, la medida compromete a César A. Nepo Zolla, Daniel J. Mesones Mazzini, Giovani J. Torrico Mugaburu, Fabia C. Reyes Salas, Roy L. Chauca Tantalean, Fiorella M. Gallo Roncalla, Máximo S. Ojeda Cisneros y Álvaro A. Vacacela Guerrero. La presunta organización criminal habría desviado aproximadamente S/ 9.9 millones de las cuentas del municipio de Pueblo Nuevo, según la tesis incipiente de la Fiscalía, para luego fraccionarlo y depositarlo en cuentas corrientes de terceras personas y empresas con el objetivo de blanquear su origen financiero. El sustento del pedido de prisión preventiva se basa en los elementos de convicción recabados durante un megaoperativo de allanamiento y registro simultáneo, autorizado por el Poder Judicial, a 11 inmuebles distribuidos en los distritos de Santiago de Surco, San Martín de Porres, Bellavista, Surquillo, Punta Hermosa, San Miguel, Ventanilla y Los Olivos. Durante los registros domiciliarios, en los que participaron magistrados de diversos despachos del Distrito Fiscal de Lima Este, se logró incautar documentación contable, dispositivos electrónicos, computadoras y soportes de almacenamiento digital que serán sometidos a peritajes tecnológicos. El Ministerio Público confirmó, a través de su cuenta oficial de X, que continuarán con las diligencias de ley con el objetivo de determinar el grado de participación y responsabilidad de cada uno de los imputados en el presunto fraude.